La reciente decisión judicial que concedió la libertad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD—, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele generar indignación ciudadana: ¿cuando una persona queda libre por vencimiento de términos, significa que hubo impunidad?

El caso ha tenido alta repercusión nacional porque involucra a exfuncionarios, presuntos hechos de corrupción, contratos públicos y señalamientos relacionados con la entrega irregular de recursos. Según reportes de prensa, Sandra Ortiz recuperó su libertad el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, aunque el proceso judicial en su contra continúa vigente.

Desde Consorcio de Abogados Especializados, analizamos este tema desde una perspectiva penal y procesal, tomando como punto de partida la intervención de nuestro abogado Diego Gutiérrez, especialista en Derecho Penal y exfiscal, en entrevista con NTN24.

¿Qué significa la libertad por vencimiento de términos?

La libertad por vencimiento de términos es una figura propia del proceso penal que busca evitar que una persona permanezca privada de la libertad de manera indefinida sin que el Estado avance oportunamente en las etapas procesales correspondientes.

En palabras de Diego Gutiérrez, esta figura “no es el sinónimo de impunidad”, porque la persona puede recuperar la libertad, pero eso no significa que el proceso termine ni que sea declarada inocente. Lo que ocurre, en términos prácticos, es que se suspende o cesa la medida cautelar de privación de la libertad, mientras la investigación o el juicio continúan.

Este punto es fundamental: una cosa es estar privado de la libertad preventivamente y otra muy distinta es ser condenado o absuelto.

La libertad por vencimiento de términos no borra la investigación, no elimina los cargos, no impide que el juicio continúe y no equivale a una absolución. Simplemente indica que el Estado no cumplió dentro del plazo legal con determinadas cargas procesales.

El caso UNGRD: un megaproceso con múltiples cuerdas procesales

Aunque mediáticamente se habla del “caso UNGRD” como un solo gran escándalo, jurídicamente cada procesado tiene una situación individual. Diego Gutiérrez fue enfático en este punto: puede tratarse de un megacaso, pero cada persona vinculada tiene su propia cuerda procesal, sus propios términos, sus audiencias y su defensa.

Esto significa que no todos los investigados corren la misma suerte procesal. Algunos pueden estar privados de la libertad, otros pueden estar en libertad, otros pueden haber aceptado cargos y otros pueden estar colaborando con la justicia.

De hecho, en el marco del caso UNGRD, distintos medios han reportado situaciones procesales diferentes para varios exfuncionarios y particulares vinculados. Por ejemplo, la Fiscalía llamó a juicio a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con contratos públicos, mientras que Bonilla se encontraba en libertad por un retraso procesal y Velasco continuaba detenido.

Por eso, desde el punto de vista jurídico, el análisis no puede limitarse a una lectura emocional de la noticia. Es necesario revisar qué etapa procesal tiene cada persona, qué decisiones han tomado los jueces, qué términos se vencieron y quién tenía la carga de impulsar el proceso.

¿La defensa tiene la culpa del vencimiento de términos?

Uno de los puntos más importantes señalados por Diego Gutiérrez es que, cuando se concede una libertad por vencimiento de términos, no puede atribuirse automáticamente a una estrategia indebida de la defensa.

Según explicó, los vencimientos de términos suelen estar relacionados con problemas de congestión judicial, falta de capacidad institucional, agendas saturadas de juzgados, alta carga de las fiscalías y dificultades para evacuar audiencias dentro de los plazos legales.

En sus palabras, el verdadero problema que genera este tipo de decisiones es la congestión del sistema judicial. Diego advierte que el sistema penal acusatorio en Colombia se encuentra colapsado: juzgados con múltiples audiencias, fiscalías que no dan abasto y procesos de alta complejidad que requieren una gestión procesal rigurosa.

Esto no significa que el vencimiento de términos sea deseable. Por el contrario, en casos de alto impacto público, estas decisiones pueden aumentar la percepción de impunidad. Sin embargo, jurídicamente, el problema no está en que exista la garantía, sino en que el sistema no logre cumplir sus propios plazos.

Libertad no significa inocencia

Uno de los errores más comunes en la opinión pública es pensar que, cuando una persona recupera la libertad, el proceso terminó.

No es así.

Una persona puede quedar libre por vencimiento de términos y seguir vinculada al proceso penal. Puede seguir asistiendo a audiencias, puede ser acusada, puede llegar a juicio y eventualmente puede ser condenada o absuelta según las pruebas del caso.

En el caso de Sandra Ortiz, medios nacionales han señalado que la decisión de dejarla en libertad no implica el cierre del proceso judicial, sino que deberá seguir respondiendo ante la justicia.

Por eso, la frase central del análisis de Consorcio de Abogados Especializados es clara:

La libertad por vencimiento de términos no es impunidad; es una consecuencia procesal derivada del incumplimiento de los plazos legales por parte del sistema judicial.

El riesgo de convertir la justicia en una batalla política

Otro punto relevante de la entrevista fue la defensa de la independencia judicial. Diego Gutiérrez señaló que las decisiones de los jueces deben respetarse, incluso cuando no sean populares o no resulten convenientes para determinados sectores políticos.

En un Estado de Derecho, los jueces no pueden decidir con base en presiones mediáticas, cálculos políticos o indignación social. Deben decidir con fundamento en la Constitución, la ley, las pruebas y las garantías procesales.

Esto no significa que las decisiones judiciales estén exentas de crítica. Toda decisión puede ser analizada, cuestionada o recurrida por las vías legales correspondientes. Pero atacar de forma sistemática la independencia judicial puede generar un daño institucional mucho más grave.

La justicia no puede depender del aplauso público ni del rechazo político. Su legitimidad está en el respeto al debido proceso.

¿Qué deberían hacer las autoridades en casos de alto impacto?

En procesos complejos como el caso UNGRD, el Estado tiene una responsabilidad reforzada: actuar con diligencia, cumplir los términos y garantizar que los procesos avancen sin dilaciones injustificadas.

Diego Gutiérrez considera que, después de estas decisiones, las autoridades probablemente tomarán nota y buscarán acelerar los procesos restantes para evitar nuevos vencimientos de términos.

Desde una perspectiva jurídica, esto implica fortalecer la coordinación entre Fiscalía, jueces, Ministerio Público, representantes de víctimas y demás sujetos procesales. También exige una mejor planeación de audiencias, priorización de casos complejos y mayor capacidad institucional para evitar que garantías procesales terminen siendo percibidas como fallas de justicia.

Conclusión: garantías procesales no son impunidad

El caso UNGRD genera indignación legítima por la gravedad de los hechos investigados y por el impacto que la corrupción tiene sobre los recursos públicos. Sin embargo, esa indignación no puede llevarnos a desconocer las garantías básicas del proceso penal.

La libertad por vencimiento de términos no significa que una persona sea inocente. Tampoco significa que el caso esté cerrado. Significa que el Estado no cumplió con los tiempos que la ley exige para mantener vigente una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Desde Consorcio de Abogados Especializados, insistimos en que el país necesita dos cosas al mismo tiempo: procesos penales eficaces contra la corrupción y respeto absoluto por el debido proceso.

Sin garantías, no hay justicia.
Pero sin eficiencia judicial, la justicia pierde credibilidad.

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En Consorcio de Abogados Especializados contamos con abogados penalistas con experiencia en litigio, defensa penal y análisis estratégico de procesos judiciales en Colombia.

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